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  • Revolución en la educación pública

La educación debe ser un derecho básico al servicio del pueblo, garantizada por el Estado en todos sus niveles, permitiendo su acceso a toda la población. Entendemos la práctica educativa como uno de los pilares en la construcción una ciudadanía comprometida. Sin embargo, el modelo educativo tradicional está asociado a una visión normalizadora y disciplinadora de la población. Es por esto que retomamos algunas de las tradiciones más relevantes de la pedagogía crítica latinoamericana, que haciendo énfasis en la educación popular, ponderan la construcción colectiva de sujetos críticos como punto de partida a la hora de pensar los propósitos de la escuela. En ese sentido, apostamos a un sistema educativo inclusivo y pluralista, que promueva un proceso activo en la construcción colectiva del conocimiento. Es fundamental que la escuela se transforme en un espacio participativo en el que todos los actores de la comunidad educativa (centros de estudiantes, docentes y cooperadoras escolares) puedan aportar a una educación pública y de calidad.

Durante estos 8 años de gestión el PRO se ha encargado de profundizar las desigualdades educativas existentes en la Ciudad. Hoy tenemos un sistema educativo fragmentado y segregado territorialmente, con menos estudiantes en las instituciones públicas que en las privadas, con falta de vacantes para cubrir las demandas en el nivel inicial, con la necesidad de construir escuelas y jardines, y de llevar adelante reformas urgentes para garantizar la seguridad y las correctas condiciones de trabajo y aprendizaje. Por esto, es necesaria una verdadera revolución en las políticas educativas.

DECLARAR LA EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. La falta de vacantes en el nivel inicial, jóvenes de primaria y secundaria que estudian en escuelas lejos de su barrio y en condiciones de precariedad y hacinamiento, junto a la falta de oferta pública en terciarios de formación técnica-profesional por la ausencia de aulas describen el panorama general de la infraestructura del sistema educativo. Es necesaria la creación de una empresa estatal que centralice la realización de las obras de construcción, ampliación, refacción y mantenimiento de escuelas y de un Consejo Participativo de Planificación de la Infraestructura Educativa integrando a la toma de decisiones a sindicatos docentes, centros de estudiantes y cooperadoras escolares.

LEY DE PRESUPUESTO MÍNIMO OBLIGATORIO. La participación del Ministerio de Educación en el Presupuesto Total de la Ciudad ha ido en franca disminución, pasando de más del 27% en 2007 al 20,5% para este año. En el mismo sentido las partidas dedicadas a la infraestructura sufren recortes y son subejecutadas. Proponemos incrementar de forma progresiva el presupuesto destinado a la Educación hasta alcanzar un piso de 30% para mejorar las condiciones salariales de los docentes, ampliar el alcance de la jornada extendida y dar respuesta a la acuciante falta de vacantes.

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD Y LEY DE PARITARIAS DOCENTES. El modelo educativo del PRO fragmenta y segrega, pretende convertir a la escuela pública en una “escuela para pobres” mientras financia con recursos públicos y de forma poco transparente a las escuelas de de gestión privada. Es necesaria una Ley Marco de la Educación que de prioridad a la educación pública de gestión estatal estableciendo un límite al aporte a las escuelas de gestión privada y haciendo públicos los criterios de asignación. También es fundamental revalorizar la tarea de las y los trabajadores con sueldos y condiciones laborales dignas.

 

  • Plan integral de vivienda

Cuando nos preguntamos cuáles deberían ser las funciones básicas del Estado, mayoritariamente pensamos en la Salud y la Educación como los servicios indispensables que tiene que brindar. Sin embargo esto excluye a una de las problemáticas más importante de nuestra ciudad: la vivienda. Hoy en día es una de las necesidades que más afecta a nuestra población atravesando clases sociales y comunas y convirtiéndose en estructural a lo largo del tiempo. Esto ha sucedido porque se ha dejado al libre arbitrio del mercado, apartándose el Estado de sus funciones básicas. Creo que es necesario construir una nueva urbanidad, reposicionar al Estado como un actor protagónico y convertiendo a la vivienda digna en un derecho inalienable.

Nuestra Ciudad ha mantenido su población relativamente estable en alrededor de 3 millones de personas durante las últimas décadas. Sin embargo, y pese a que en los últimos años la actividad de la construcción mostró un dinamismo inédito, las condiciones de vivienda de las mayorías no mostró mejoras sino que se profundizaron las tendencias de aumento de población en calle, villas y otras formas precarias.

Entre 2003 y 2010 se construyó el equivalente a 250 mil departamentos de 60 m2, pero la contrapartida no fue la satisfacción del derecho a la vivienda sino todo lo contrario. En estos mismos años la población en villas creció más de un 50%, el precio del m2 duplicó en pesos, la cantidad de inquilinos se incrementó en forma sustancial y el porcentaje de nuestros sueldos que le destinamos al alquiler también se amplió hasta alcanzar el 40%. Es decir que lejos de mejorar las condiciones de vivienda, el déficit habitacional se agravó enormemente.

Pero entonces, ¿qué ocurrió con aquellas miles de viviendas construidas? Más de 150.000 permanecen ociosas y fueron destinadas al mercado inmobiliario, es decir que quedan vacías como forma de obtener renta especulando con su valor. Las comunas más afectadas por este fenómeno son las del norte (Belgrano, Palermo, Barrio Norte, Puerto Madero) y Caballito. La especulación actuó entonces en una de sus facetas más aberrantes: miles de personas sin vivienda digna y miles de viviendas deshabitadas. Al mismo tiempo, esta actividad predatoria ha ido en desmedro de las identidades barriales, dando por tierra con tradiciones culturales y definiciones arquitectónicas características.

Frente a esta situación, ¿qué hizo el gobierno de Macri? Fue cómplice y testigo silencioso. La falta de políticas en la materia colaboró para que no pueda revertirse la tendencia. Se descentralizaron las políticas de vivienda en cuatro ministerios, y el Instituto de Vivienda de la Ciudad que debería concentrar las políticas fue vaciado y desfinanciado, subejecutandose anualmente sus partidas presupuestarias.

Necesitamos un Estado presente y activo. Es necesario encarar un Plan Integral de Vivienda que penalice fuertemente la vivienda ociosa, que procure la inyección de ingentes recursos destinados a dar soluciones habitacionales y el acceso a los servicios básicos, que establezca una férrea regulación a los alquileres, que tenga como horizonte el reordenamiento de las actividades económicas y sociales que se desarrollan en las comunas y que garantice la preservación del patrimonio histórico de la ciudad.

LEY EN DEFENSA DE INQUILINOS. Debe contemplar la fijación de precios máximos de los alquileres por debajo del 0,7 % del VIR, la Creación del Fondo de Garantías para locaciones con destino vivienda, la extensión del plazo mínimo del alquiler a tres años, la limitación del monto de los depósitos en garantía al equivalente del valor de un mes de alquiler y que las comisiones por honorarios de las inmobiliarias sean reducidas al valor de un mes del alquiler y que sean soportadas por el propietario y el inquilino en partes iguales.

IMPUESTO A LA VIVIENDA OCIOSA. Para evitar que continúe imponiéndose la lógica mercantil por sobre las necesidades de la población proponemos imponer un tributo a las viviendas que se encuentran deshabitadas. El mismo se aplica a las propiedades que permanecen en esa condición por más de un año, siendo el mismo creciente en el tiempo para fomentar el incremento de la oferta de inmuebles puestas en alquiler. Esta medida tiene por objetivo a largo plazo y en forma progresiva la supresión de viviendas ociosas, que permita una considerable reducción de los precios de venta y alquiler de los inmuebles. El fondo que resulta de su recaudación tiene como objeto facilitar el acceso a créditos blandos y la construcción de viviendas.

URBANIZACIÓN DE VILLAS. Es fundamental que el Estado intervenga de manera directa para integrar al tejido urbano a las villas y asentamientos con un fuerte incremento de la inversión en la construcción de viviendas. También debe atenderse la provisión de servicios básicos como agua, cloacas, luz y gas así como favorecer la accesibilidad con la diagramación de calles, la incorporación de trasporte público y el tendido de alumbrado. En el mismo sentido debe lanzarse un plan de créditos blandos de mejoramiento de la infraestructura existente.

CREACIÓN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. Con un enfoque más amplio que permita garantizar condiciones razonables de acceso a la vivienda, proponemos la creación del Ministerio de la Vivienda para jerarquizar la labor ejecutiva y concentrar todas las tareas destinadas a resolver el déficit habitacional en la ciudad. 

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