El desafío que Macri no quiere asumir

El desafío que Macri no quiere asumir

Nota publicada en Infobae.com

El viernes pasado el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, inauguró las sesiones legislativas con un breve discurso en el que enumeró ocho desafíos de su gestión para el 2013. Llamativamente ninguno de ellos incluye la problemática del acceso a la vivienda, lo que pinta de cuerpo entero las prioridades políticas del gobierno del PRO.

Según los propios indicadores del Gobierno de la Ciudad son aproximadamente 500.000 vecinos los que no tienen acceso a una vivienda digna; es decir que uno de cada seis habitantes de la ciudad vive en asentamientos, villas de emergencia, habitaciones de hotel, en departamentos hacinados o simplemente en la calle. El restante de la población debe hacer frente a una empinada  valorización de las propiedades que aleja el sueño de la vivienda propia y obliga a lidiar con el reflejo de estos aumentos en los leoninos contratos de alquiler que se pactan en el mercado.

Un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella citado el domingo pasado en el diario La Nación informa que antes del boom de la construcción en la Ciudad se necesitaban 45 sueldos promedio para adquirir una vivienda mientras que ahora se precisan 74. Estas cifras se explican por la ausencia de políticas de Estado desde hace décadas, pero que se han agravado en cada uno de los años en que el PRO ha gobernado. La desregulación absoluta del mercado inmobiliario genera el hecho de que en Buenos Aires, mientras florecen edificios a diario, cada vez es más difícil el acceso a la vivienda.

Durante su discurso en la Legislatura el jefe de Gobierno abordó tangencialmente el tema al exhibir como un logro el haber reducido de tres a casi dos veces la brecha del valor de la tierra entre el norte y el sur. Sin embargo, no aclaró que esa disminución no se debe a un abaratamiento del valor del suelo en la zona norte sino al aumento sostenido en la zona sur a partir de desarrollos inmobiliarios que terminan siendo expulsivos para los sectores de menores ingresos. Es decir que, luego de cinco años de gestión PRO, estamos todos peor y cada vez es más difícil acceder a una vivienda incluso en la zona sur de la Ciudad.

Lo que el macrismo y el artículo de La Nación no explican es que la raíz de este problema reside en la lógica rentista del mercado inmobiliario que es contrapuesta a la satisfacción de las necesidades sociales. La construcción de edificios lujosos con fines mercantiles conlleva un proceso de valorización de la tierra que perjudica a la mayoría de la población. A su vez una parte importante de estos proyectos inmobiliarios tienen por fin la mera especulación ya queaproximadamente 150.000 viviendas se encuentran ociosas.

En lugar de combatir la especulación, el macrismo la fomenta quitando facultades al Estado, para de esta forma desregular el mercado y anular las políticas sociales de vivienda. Un ejemplo concreto nos ilustra esto: el porcentaje en el presupuesto de la Ciudad destinado a políticas de vivienda pasó de ocupar 6% en 2006 a sólo 2% en el 2010, mientras que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad fue desarticulado. El negocio inmobiliario es el mejor amigo de la gestión PRO.

En el conflicto que enfrenta a los intereses del mercado inmobiliario con los de la población que necesita acceder a la vivienda, el PRO se ubica en el primer bando. Como emblema de esta posición, el macrismo promueve un proyecto para construir un barrio de ultralujo en la ex ciudad deportiva de La Boca, prácticamente un “barrio cerrado” en las puertas de nuestra Ciudad. Lamentablemente este proyecto tiene posibilidades de ser aprobado en la legislatura gracias a la negociación con bloques de la oposición, entre los que se destaca el Frente para la Victoria.

Una política de vivienda que beneficie a la población debe atacar la lógica de especulación inmobiliaria y valorización del suelo, regular el mercado de alquileres y garantizar políticas sociales activas en los sectores más vulnerables. Esto requiere partir de una concepción opuesta a la que tiene el PRO, para el que esto no es prioridad. El acceso a la vivienda no es un problema individual a resolverse en el mercado, es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado.

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