¿Subte para pocos, subte para todos o subte para Roggio?

¿Subte para pocos, subte para todos o subte para Roggio?

Nota publicada el 12 de marzo en Infobae.com

La ciudad de Buenos Aires fue pionera en el desarrollo del subte, adelantándose varias décadas al resto de los países de América Latina. Sin embargo hoy cuenta con una de las redes más limitada e ineficiente de todo el continenteEl próximo viernes para viajar en subte habrá que pagar $3.50. Desde que comenzó la transferencia de su jurisdicción al Gobierno de la Ciudad, hace poco más de un año, se acumula un amento del 318%. El macrismo justifica la medida en la promesa de una supuesta modernización del subte que comenzó por la línea A y no mostró más que cambios cosméticos. Está claro que el PRO no tiene un plan de desarrollo de transporte ni del subterráneo y durante toda su gestión ha hecho poco y nada.

El esquema de gestión del subte se repite en otras áreas de transporte masivo.Bajísima inversión pública en mantenimiento y modernización del sistema conviven con empresas privadas concesionarias del servicio que gestionan bajo la lógica de la rentabilidad económica. El centro no está en el usuario, que viaja cada vez en peores condiciones, sino en el negocio. En todos estos años de bonanza económica, gobierno nacional y de la Ciudad no han podido dar una alternativa a este sistema en crisis. Mauricio Macri prometió construir 10 kilómetros de subte por año y en los cinco que lleva su mandato solo se hicieron 3 km en total.

El rol de Metrovías, lo que no se dice

Mientras el subte fue administrado por el Gobierno Nacional, la tarifa se mantuvo por los subsidios que recibía Metrovías. El macrismo, pese a contar con un presupuesto de más de 40.000 millones de pesos, prefiere descargar el costo en los usuarios aumentando el boleto. Lo que no se menciona en este debate es qué hace la concesionaria del grupo Roggio con esos ingresos que recibe.

La empresa montó una red de tercerización que le permite fugar las ganancias que obtiene de distintos servicios y presentar ante la Comisión Nacional de Valoresbalances que la muestran deficitaria, cuando en realidad no lo es. De esta manera parasita año a año los recursos públicos y reproduce un esquema en donde el patrón de los negocios se impone a las necesidades y los derechos a un transporte digno.

Una investigación y denuncia realizada por el diputado de la Ciudad Rafael Gentilli demuestra que Metrovías fuga como mínimo nada menos que 100 millones de pesos al año. ¿Cómo lo hace? Transfiriendo esas ganancias a empresas que pertenecen al mismo grupo Roggio, pero que aparecen formalmente como proveedores de Metrovías. Este hecho podría ser motivo suficiente para rescindir el contrato de concesión, ya que constituye una estafa al Estado y la ciudadanía. Pero no, Metrovías no está en cuestión.

La doble cara de los subsidios

Entre 2004 y la actualidad Metrovías recibió 3.200 millones de pesos del Estado Nacional, monto que equivale al valor de construcción de dos líneas enteras nuevas. Los subsidios al transporte son defendidos como una herramienta para mantener una tarifa baja. Argumento incuestionable, ya que un retiro de los subsidios mientras se sostiene el esquema de concesiones privadas implicaría un aumento exponencial del precio. Pero ¿por qué seguir sosteniendo este esquema de subsidios que les asegura una ganancia millonaria a la empresa sin prácticamente adelantar ninguna inversión ni correr riesgo alguno? ¿Qué estamos subsidiando, la tarifa o las ganancias de Metrovías?

Los esquemas de subsidios y privatización han ido de la mano. El transporte es una de las áreas más críticas y las consecuencias están a la vista. Los muertos de Once tienen entre sus responsables a quienes gestionan con esta lógica. Se trata de una de las herencias de la era menemista que en todos estos años nadie se atrevió a modificar.

El transporte masivo es deficitario en todo el mundo. Para lograr que sea masivo y de calidad se requiere de una planificación integral. La competencia entre los distintos medios de transporte (colectivos, subte, trenes) perjudica fundamentalmente a los usuarios. El patrón privatizador que se sostiene, también. Una política integral de transporte, trazada en toda el área metropolitana, capaz de combinar los distintos medios disponibles y priorizando a los usuarios por sobre todo, requiere en primer lugar terminar con este esquema de lucro y concesiones fraudulentas. El subte que queremos y necesitamos en la Ciudad es incompatible con los intereses del grupo Roggio.

El desafío que Macri no quiere asumir

El desafío que Macri no quiere asumir

Nota publicada en Infobae.com

El viernes pasado el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, inauguró las sesiones legislativas con un breve discurso en el que enumeró ocho desafíos de su gestión para el 2013. Llamativamente ninguno de ellos incluye la problemática del acceso a la vivienda, lo que pinta de cuerpo entero las prioridades políticas del gobierno del PRO.

Según los propios indicadores del Gobierno de la Ciudad son aproximadamente 500.000 vecinos los que no tienen acceso a una vivienda digna; es decir que uno de cada seis habitantes de la ciudad vive en asentamientos, villas de emergencia, habitaciones de hotel, en departamentos hacinados o simplemente en la calle. El restante de la población debe hacer frente a una empinada  valorización de las propiedades que aleja el sueño de la vivienda propia y obliga a lidiar con el reflejo de estos aumentos en los leoninos contratos de alquiler que se pactan en el mercado.

Un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella citado el domingo pasado en el diario La Nación informa que antes del boom de la construcción en la Ciudad se necesitaban 45 sueldos promedio para adquirir una vivienda mientras que ahora se precisan 74. Estas cifras se explican por la ausencia de políticas de Estado desde hace décadas, pero que se han agravado en cada uno de los años en que el PRO ha gobernado. La desregulación absoluta del mercado inmobiliario genera el hecho de que en Buenos Aires, mientras florecen edificios a diario, cada vez es más difícil el acceso a la vivienda.

Durante su discurso en la Legislatura el jefe de Gobierno abordó tangencialmente el tema al exhibir como un logro el haber reducido de tres a casi dos veces la brecha del valor de la tierra entre el norte y el sur. Sin embargo, no aclaró que esa disminución no se debe a un abaratamiento del valor del suelo en la zona norte sino al aumento sostenido en la zona sur a partir de desarrollos inmobiliarios que terminan siendo expulsivos para los sectores de menores ingresos. Es decir que, luego de cinco años de gestión PRO, estamos todos peor y cada vez es más difícil acceder a una vivienda incluso en la zona sur de la Ciudad.

Lo que el macrismo y el artículo de La Nación no explican es que la raíz de este problema reside en la lógica rentista del mercado inmobiliario que es contrapuesta a la satisfacción de las necesidades sociales. La construcción de edificios lujosos con fines mercantiles conlleva un proceso de valorización de la tierra que perjudica a la mayoría de la población. A su vez una parte importante de estos proyectos inmobiliarios tienen por fin la mera especulación ya queaproximadamente 150.000 viviendas se encuentran ociosas.

En lugar de combatir la especulación, el macrismo la fomenta quitando facultades al Estado, para de esta forma desregular el mercado y anular las políticas sociales de vivienda. Un ejemplo concreto nos ilustra esto: el porcentaje en el presupuesto de la Ciudad destinado a políticas de vivienda pasó de ocupar 6% en 2006 a sólo 2% en el 2010, mientras que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad fue desarticulado. El negocio inmobiliario es el mejor amigo de la gestión PRO.

En el conflicto que enfrenta a los intereses del mercado inmobiliario con los de la población que necesita acceder a la vivienda, el PRO se ubica en el primer bando. Como emblema de esta posición, el macrismo promueve un proyecto para construir un barrio de ultralujo en la ex ciudad deportiva de La Boca, prácticamente un “barrio cerrado” en las puertas de nuestra Ciudad. Lamentablemente este proyecto tiene posibilidades de ser aprobado en la legislatura gracias a la negociación con bloques de la oposición, entre los que se destaca el Frente para la Victoria.

Una política de vivienda que beneficie a la población debe atacar la lógica de especulación inmobiliaria y valorización del suelo, regular el mercado de alquileres y garantizar políticas sociales activas en los sectores más vulnerables. Esto requiere partir de una concepción opuesta a la que tiene el PRO, para el que esto no es prioridad. El acceso a la vivienda no es un problema individual a resolverse en el mercado, es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado.